La Universidad Autónoma Latinoamericana – Unaula en coherencia con sus valores fundacionales, la formación crítica y el compromiso con las causas populares, expresa total respaldo a la manifestación social y pacífica que se desarrolla actualmente en el país en defensa de la vida, la dignidad, la paz y la democracia en Colombia. Desde cada una de las comunidades académicas que conforman los programas de pregrado y postgrado, los centros de investigación y estudios y las áreas administrativas, de investigación y de extensión rechazamos la violencia frente a la protesta y movilizaciones ciudadanas por parte del Estado Colombiano.
Asimismo, rechazamos la instrumentalización a la que han sido relegadas la Procuraduría, Personería y Defensoría del Pueblo, quienes deberían brindar las garantías constitucionales para el derecho a la protesta. Este último, según el estado de cosas actual, se muestra como el único contrapeso efectivo que hoy tiene el Ejecutivo del Estado Colombiano, el cual ha optado por una deriva cada vez más autoritaria para tratar las legítimas demandas del pueblo.
La resistencia, indignación y denuncia en las calles son el resultado de la profunda crisis social y económica a la que ha llegado el país, a causa de las erradas decisiones del Ejecutivo en el contexto de crisis actual: el incumplimiento permanente a los acuerdos de paz; la omisión y pasividad para proteger la vida de líderes y lideresas sociales que están siendo asesinados en muchas regiones del país; el incremento de la violencia en los campos y ciudades; una pésima gestión de las estrategias para afrontar la pandemia evidenciada en la falta de UCIS, pues cuando los pacientes llegan a ellas después de espera de días, ya están desgastados y premuertos; el incremento desmedido de las inversiones militares y la disminución significativa de los presupuestos para educación, investigación, cultura y desarrollo social en el país. Esto último, ha llegado a su punto de inflexión con la presentación en el congreso de una reforma tributaria en beneficio del sector financiero y los ricos del país y en detrimento de la ya precarizada clase media y los sectores más pobres. Igual de lesivo resulta el proyecto de ley para intervenir el sector salud en detrimento de los pacientes, los médicos, las facultades de medicina y los hospitales.
Ante esta esta crisis social, económica y política que vive el país, consideramos que el gran compromiso y responsabilidad ética y social que debemos asumir como sector académico es el de acompañar a los movimientos, organizaciones y sectores sociales que se han unido a las expresiones de protesta y movilización popular en las calles, generar espacios pedagógicos con la comunidad educativa para realizar análisis del contexto y aportar a la formación de lecturas críticas de la realidad social.
Como espacios de pensamiento y formación del pensamiento crítico, acompañamos solidariamente las acciones promovidas por estudiantes y equipos de investigación, y nos articulamos a la agenda de acciones diversas para movilizar conciencias, exigir el restablecimiento de la democracia en el país y denunciar las sistemáticas vulneraciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas del Estado.
Invitamos a los movimientos, organizaciones, sectores sociales y expresiones populares de protesta a persistir en la movilización pacífica y no-violenta, procurando mantener el espíritu de respeto por la vida, la democracia y los Derechos Humanos. Animamos a la ciudadanía a movilizar las redes sociales para realizar las denuncias sobre los abusos y la violencia, viniere de donde viniere. Requerimos que el mundo, los organismos y los medios internacionales posen su mirada sobre la profunda crisis que vive Colombia, y que se fortalezca el uso de medios alternativos, ya que la prensa hegemónica no refleja la realidad del país.
Convocamos a la comunidad educativa del país a asumir una posición solidaria con el momento que vivimos, e instamos al Gobierno Nacional, los sectores políticos y los movimientos sociales a encontrar un camino de diálogo y concertación que frene el derramamiento de sangre, genere garantías para el respeto a la vida y la protesta social, y contribuya a la generación de soluciones estructurales que aporten al desarrollo de los acuerdos de paz y permitan la superación de las condiciones de inequidad y fortalezcan el Estado Social de Derecho.
Universidad Autónoma Latinoamericana – Unaula
Consejo Académico
Maestría en Educación y Derechos Humanos
Especialización en Cultura Política: pedagogía de los Derechos Humanos
POMOTE – Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios
Grupo de Investigación en Constitucionalismo Critico y Género
